Por ley federal, un inmigrante puede buscar asilo en cualquier puerto de entrada o desde cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. A los inmigrantes que buscan asilo se les ha permitido permanecer en los Estados Unidos, en espera de una decisión sobre su caso. Una nueva política de la Administración de Trump amenaza este proceso.
El 24 de Enero de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) empezó a llevar a cabo la política de “Permanecer en México”, conocida formalmente como los Protocolos de Protección al Migrante, en el puerto de entrada de San Ysidro. Esta política obliga a inmigrantes que buscan asilo en la frontera sur a esperar en México hasta que una audiencia sea agendada ante un Juez de Inmigración.
Hay pocas excepciones a esta política. Menores no acompañados, ciudadanos y nacionales de México, y cualquier persona que teme ser perseguida en México puede permanecer en los Estados Unidos. Sin embargo, la carga está de los solicitantes de asilo de establecer que son “más probables que no” enfrenten persecución por razones protegidas en México si desean permanecer en los Estados Unidos.
Además de imponer un estándar más estricto para los solicitantes de asilo, la política de “Permanecer en México” pone en peligro el acceso de un solicitante de asilo a un abogado. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) han declarado que ellos no pueden proveer acceso a abogados de inmigración durante la evaluación de una solicitud de asilo entre el solicitante de asilo y un oficial de USCIS. Un solicitante de asilo no puede solicitar una apelación o reconsideración de la evaluación por USCIS.
Los solicitantes de asilo que esperan su audiencia en México enfrentarán dificultades para encontrar un abogado de inmigración con sede en los Estados Unidos que los guíe y los prepare para su audiencia. La política de “Permanecer en México” también impone mayor cargas a los abogados de inmigración con sede en Estados Unidos que desean representar a solicitante de asilo que se ven obligados a permanecer en México. Encontrar un medio de comunicación entre clientes y abogados será difícil a través de las fronteras internacionales.
La política de “Permanecer en México” pone en peligro la seguridad de los solicitantes de asilo mientras permanecen en México. Con base en las condiciones actuales en México, es probable que se expongan a secuestro, asesinato, asalto y otros tipos de daños. Si bien el gobierno mexicano ha anunciado que brindará protección a los solicitantes de asilo afectados por esta políca, no se han proporcionado detalles adicionales, incluyendo dónde vivirán los solicitantes de asilo o en qué tipo de vivienda.
El 8 de Abril de 2019, un juez federal en San Francisco detuvo la política de “permanecer en México” siguiendo un juicio legal iniciado por solicitantes de asilo y otras organizaciones representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). El juez emitió una resolución cautelar preliminar, sentenciando que los demandantes probablemente demostrarían que la política violaba la ley reglamentaria federal.
La corte de apelaciones del Noveno Circuito restableció la política el 12 de abril de 2019. Esta reincorporación permanecerá en vigor mientras las partes presenten argumentos ante la corte en respuesta al deseo del gobierno de que la política permanezca vigente durante todo el proceso de apelaciones. Aún queda por ver si el gobierno continuará devolviendo a los solicitantes a México.
El proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos ya impone una gran carga a los solicitantes de asilo que buscan refugio en este país. La política de “Permanecer en México” impone obstáculos adicionales que ponen en peligro la seguridad de solicitantes de asilo así como su acceso a un abogado. Esta política establece un estándar más estricto que los solicitantes de asilo deben enfrentar para establecer su temor a regresar. Si esta política finalmente será derribada por los tribunales federales, queda en suspenso.