La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha publicado recientemente una decisión que tiene consecuencias importantes para los inmigrantes que son interrogados por oficiales de inmigración.
En Matter of E-R-M-F- & A-S-M-, 25 I & N Dec. 580 (BIA 2011), la BIA dictaminó que los funcionarios de inmigración que se están cuestionando los no-ciudadanos no están obligados a informarles de que tienen el derecho a ser representado por un abogado, y no están obligados a asesorar a los no-ciudadanos que las declaraciones que hacen durante el interrogatorio puede ser utilizado en su contra, hasta que comiencen los procedimientos formales de la corte en contra de ellos. Procedimientos formales de la corte comenzarán sólo cuando las autoridades de inmigración presentan un documento de carga llamado Aviso de Comparecencia (“Notice to Appear”), el Formulario I-862, en la Corte de Inmigración.
Matter of E-R-M-F- & A-S-M- representa la proposición de que los funcionarios de inmigración no tienen que aconsejar a los extranjeros de sus derechos hasta que los funcionarios han presentado la notificación de comparecencia en la Corte de Inmigración.
En este caso, las autoridades de inmigración interrogaron a un extranjero que era un residente legal permanente (tarjeta verde titular). La persona dijo a los funcionarios que había tratado de ayudar a otra persona a entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Más tarde ese día, los funcionarios lo presentaron con el Aviso de Comparecencia, el Formulario I-862. Los funcionarios presentaron la notificación de comparecencia en la Corte de Inmigración más de un mes después. De acuerdo con la BIA, los procedimientos formales en contra del inmigrante no se inició hasta que los funcionarios de inmigración presentada la notificación de comparecencia en la Corte de Inmigración, más de un mes después de que se cuestionó al no-ciudadano.
Como resultado de este caso, parece claro que en la gran mayoría de las situaciones en que los funcionarios de inmigración interrogan a no-ciudadanos, los funcionarios no estarán obligados a notificar a los extranjeros que tienen derecho a un abogado y que sus declaraciones pueden ser usado en su contra.
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